
Realmente se trata sólo de una falacia más de las puestas en circulación por el PP en estos días, pero ha tenido la virtud de indignarme. Me explicaré. En el periódico de los conspiracionistas de ayer, 8 de febrero, se publica un artículo, revestido de una apariencia científica en el campo del Derecho Constitucional, que firma Rafael Arias-Salgado, ministro que fue de gobiernos de UCD y del PP.
Bajo el largo título de "La Constitución, el Rey y la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno" pretende construir una teoría ad hoc para el caso - al que se agarra el PP como última tabla de salvación - en que, habiendo obtenido más votos populares los socialistas que los populares, tuvieran estos últimos algún escaño más, por los efectos perversos de la Ley de Hondt combinada con la escasa proporcionalidad del reparto territorial de escaños en las elecciones para el Congreso de los Diputados.
Se pretende en dicho artículo - en apretado resumen - que el Rey está obligado a proponer como candidato a Presidente del Gobierno al líder del partido que haya obtenido el mayor número de escaños, cómo único criterio objetivo y para evitar que el Rey realice cualquier función política, en cuyo caso se afirma que tendría la obligación constitucional de impedir la entrada en el Gobierno de los partidos que no gustan al articulista.
Todo el constructo es una completa falacia, que negando voluntariamente la verdad, pretende llevarnos a todos a falsas conclusiones sólo para "ayudar a su señor".
En efecto, el momento de la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno es el único en que la Constitución quiere positivamente que el Rey actúe políticamente, y no en un acto reglado como en todas sus restantes actuaciones constitucionales.
El artículo 99,1 de la Constitución es clarísimo al respecto, pese a lo que se le deforma en la publicación que se combate, puesto que la actividad regia debe de producirse necesariamente "previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria", y es obvio que dicha consulta sería completamente innecesaria si existiera una obligación constitucional de designar al que encabece el Grupo con más escaños. Para ello bastaría la simple comunicación de atribución de escaños por parte de la Junta Electoral Central, quedando sólo por resolver la cuestión - no baladí en los momentos actuales del PP - de a quien se considera líder por parte del Grupo con más escaños. La función del Rey se reduciría a una sanción automática de esa combinación de dato objetivo proporcionado por la Junta Electoral Central y la voluntad, no siempre fácil, del Grupo político sobre su propio liderazgo.
Si tenemos en cuenta, además, que en nuestro sistema constitucional no existe candidato a la Presidencia más que luego de la designación regia, y que no es preciso ser Diputado a Cortes Generales para obtener esa designación, queda claro que no existe automatismo constitucional alguno.
La inexistencia del requisito de ser Diputado el candidato, y por ello la falacia total del argumento, debería de tenerla muy presente el PP, puesto que fue el que intentó, aunque en trámite de Moción de Censura, que triunfara un candidato que no era Diputado, el merecidamente olvidado Hernández Mancha.
Lo que constitucionalmente procede, y así ha ocurrido siempre, es que el Rey designe como candidato a quien tenga más posibilidades de obtener la mayoría suficiente, absoluta en la primera votación o relativa en la segunda, y para ello debe de conocer la voluntad de los demás grupos políticos en cuanto a otorgarle o denegarle el voto de investidura.
Con ese conocimiento, fruto de las obligadas consultas, ejerce el Rey su única iniciativa política constitucional, proponiendo el candidato con más posibilidades, no sujeto a automatismo alguno, con pleno respeto al sistema parlamentario que es el nuestro, y no rebajado como pretende Arias-Salgado a un ejecutor de actos automáticos destinados a reforzar la posición negociadora de nadie.
Contra las falacias negadoras de la realidad constitucional y creadoras de percepciones políticas que refuercen las pretensiones de la derecha, debemos de explicar hasta la saciedad nuestro sistema constitucional.
No hacerlo sería resignarse pasivamente a que algunos preparen el campo de una nueva negación de legitimidad democrática del nuevo gobierno si no es el de la derecha, y eso no lo podemos consentir en modo alguno.
Contra falacias, la verdad.
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