Normalidad en la Comisión de Justicia

Ayer nos reunimos en dos ocasiones ese grupo de diputados y diputadas sensatos y honorables, con una fuerte proporción de reconocidos juristas, que formamos la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Es lo cierto que, pese a lo que han dicho esos días algunos medios de comunicación bien caracterizados, no somos un grupo de dinamiteros que intentemos hacer saltar las instituciones del Estado de Derecho ni alterar los equilibrios que la Constitución diseñó entre los mismos.

Precisamente por eso, ayer reinó la más completa normalidad en la Comisión de Justicia.

En la sesión de la mañana legislamos, en dos cuerpos jurídicos separados, respecto a la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales. Debatimos entre todos los grupos, consideramos la mejor manera de servir al interés general en esta materia, y acabamos aprobando los textos legales estudiados.

En la sesión de tarde se produjo la comparecencia del Fiscal General del Estado, a petición del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. También se desarrolló todo en los cauces normales e institucionales. El Fiscal General del Estado informó e ilustró a la Comisión sobre los temas objeto de la comparecencia, relativas al cumplimiento de penas por delitos de terrorismo. Los grupos plantearon sus observaciones y preguntas, y se produjo un consenso entre todas las opciones políticas en lo referente al elogio de la colaboración entre las instituciones del Estado, que permitía que la silla de los comparecientes estuviera ocupada, y no vacía como el día anterior. Le faltó al consenso, para ser unánime, la adhesión del Grupo Popular, cuyo silencio sobre este extremo resonó con estrépito en la sala. Todo fue normal, lo peor que podía pasar - en palabras del portavoz socialista Julio Villarrubia - pasó, y fue la intervención del portavoz del Grupo Popular, pero no temblaron los cimientos del Estado.

Esto me lleva a plantearme una serie de preguntas casi ineludibles. ¿Si la Comisión de Justicia funciona con toda normalidad en la labor legislativa, y en la de información de las instituciones del Estado,y en la de control del Gobierno, qué ocurre para que alguien considere que comparecer ante la misma pone en peligro la democracia misma? ¿Cuáles son las razones que llevaron al Presidente del Consejo General del Poder Judicial a no honrar la solicitud de comparecencia que le había transmitido el Poder Legislativo? ¿Tiene alguna intencionalidad política la negativa a comparecer? ¿Temía el no compareciente verse en el brete de reconocer que no había consigna alguna del Gobierno respecto al cumplimiento de penas por delitos de terrorismo? ¿Creía que su comparecencia beneficiaba a alguna opción política y perjudicaba a alguna otra? ¿Cree sinceramente el también Presidente del Tribunal Supremo que no es obligatorio comparecer porque no es delictivo no hacerlo? ¿Opina tan insigne jurista que sólo es obligatorio aquello cuyo incumplimiento constituye la máxima infracción penal, que es la comisión de un delito? ¿Cuáles fueron, en definitiva, las auténticas razones de la anormalidad de dejar vacía la honrosa silla reservada a los comparecientes ante el Congreso?

Espero, con una esperanza de calidad berroqueña, que los motivos para no comparecer no fueran de tipo político. Prefiero, sin duda alguna, que en realidad lo que ocurriera fuera que la hora de la comparecencia coincidiera con la clase de sevillanas.